La FUNDACIÓN LATINOAMERICANA POR LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO SOCIAL (FUNDALATIN) y la LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS HUMANOS, instituciones con vocación y altruismo de larga data de fundación y lucha por los Derechos Humanos Universales, considera imperativa la ocasión para dar a conocer a la opinión pública nacional e internacional sobre el frustrado golpe de Estado perpetrado hoy martes 30 de Abril de 2019 en Caracas, Venezuela. Declaramos nuestro contundente y absoluto rechazo ante lo que a todas luces se constituye en una violación flagrante de la ruptura del hilo Constitucional que impera en la República Bolivariana de Venezuela, bajo la presidencia legítima y democrática del presidente electo Nicolás Maduro Moros. Políticos adversos al actual gobierno constitucional (Juan Guaido, Leopoldo López entre otros) así como corporaciones mediáticas de comunicación, están a la cabeza de este ataque incitando y convocando al desconocimiento de la legitimidad de la figura presidencial de Nicolás Maduro, desconociendo así la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano con ocasión de los resultados del proceso electoral del día 20 de mayo del 2018. También la OEA, el Grupo de Lima y por omisión la ONU, todos estos organismos multilaterales creados para normar el relacionamiento de los Estados del mundo: haciendo caso omiso a sus propósitos, se han pronunciado a favor de la injerencia extranjera, la militarización del continente Latinoamericano, tierra de paz, y la desestabilización de un gobierno democrático y popular como lo es el actual gobierno bolivariano de Venezuela. Esta situación se torna complicada toda vez que da paso al establecimiento de la anarquía mundial y el establecimiento de la "Ley del más Fuerte".
Es en tal sentido que las organizaciones que representamos acuerdan el presente manifiesto:
PRIMERO: Condenar el llamado a la insurrección y a la violencia en la Nación Venezolana.
SEGUNDO: Conminar al respeto de la institucionalidad, debe primar la tolerancia,
fundamentalmente en apego al Ordenamiento Jurídico Venezolano vigente y los órganos que conforman el Poder Público. En plena correspondencia con el pronunciamiento de las y los acompañantes internacionales presentes durante la celebración del proceso electoral, así como el reconocimiento y respaldo efectuado por las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de diversas latitudes del continente y del mundo.
TERCERO: Instar a la sindéresis de los sectores políticos del país con ocasión a su participación en el proceso electoral del pasado 20 de Mayo de 2018, toda vez que escapa a la condición democrática el hecho de desconocer el triunfo del adversario y el irrespeto hacia las instituciones, el orden constitucional y el Estado de Derecho y de Justicia. Eventos que deslucen la vocación democrática participativa y protagónica que la población venezolana quiere mantener en su rumbo de transformación social, incluyente, constructora de paz, en defensa de los Derechos Humanos y de la Madre Tierra. Siendo propicia la ocasión para manifestar en nombre de las expresiones y movimientos del Poder Popular que representamos para reconocer el actual gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moro y de la vigencia de la Constitución vigente.
CUARTO: Hacer votos por la conciliación de los sectores políticos y el establecimiento de
mecanismos discursivos y de diálogo que permitan enrumbar los destinos del país en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que propugna nuestra Norma Suprema.
QUINTO: Exhortar al pueblo venezolano a dar un uso honesto y crítico de las redes sociales al igual que de los medios de difusión y las tecnologías de la información y comunicación de modo que se empleen e instrumenten como mecanismos orientados a la información veraz y no con el objeto de tergiversar la verdad y la perspectiva pública de la realidad del País, para lo cual es necesario contextualizar las situaciones recientemente acontecidas, sus protagonistas y consecuencias, procurando el pluralismo informativo. En tal sentido, reconocemos y valoramos los esfuerzos del Estado venezolano por la protección del Derecho a la Vida.
SEXTO: Reconocer y destacar que el pueblo venezolano tiene dignidad y desde la misma son defensoras y defensores de la cultura de derechos humanos, a través de sus acciones. Los Derechos Humanos le pertenecen al pueblo y estos se expresan en toda su diversidad, nadie los puede privatizar, restringir, mediatizar ni desarticular. Por lo que destacamos que somos expresiones que representan parte del Poder Popular y que por consiguiente invitamos a todas las organizaciones y movimientos de derechos humanos del continente y del mundo para mancomunar esfuerzos en pro del fortalecimiento de la cultura de paz respetuosa de los derechos humanos.
SÉPTIMO: Incoar ante los entes y organismos nacionales e internacionales los procedimientos y procesos correspondientes para tomar con prontitud las medidas pertinentes dirigidas a la determinación de responsabilidades individuales a que haya lugar, con el objeto de que las mismas den garantía de no impunidad y a su vez puedan coadyuvar a la garantía de no repetición de hechos violentos. Motivo por el cual se acudirá ante los organismos nacionales e internacionales de carácter multilateral.
OCTAVO: Rechazar categóricamente las declaraciones injerencistas del Presidente de los
Estados Unidos, Donal Trump, toda vez que las mismas violentan el espíritu libertario y el
derecho de autodeterminación de nuestro pueblo en la República Bolivariana de Venezuela.
Sus declaraciones son destempladas, excesivas, parcializadas, temerarias y falaces, de
conformidad con la evidencia que arrojan los hechos objetivos, y constituyen un atentado contra la soberanía nacional.
NOVENO: Condenar las acciones apátridas y anti-bolivarianas llevadas a cabo por
actores políticos de la llamada oposición venezolana, quienes generando matrices de opinión contrarias a la realidad nacional y llamando al derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, pretenden afectar el buen nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ante instancias internacionales. Esto constituye un atentado contra la soberanía nacional, condenable por todos los ciudadanos y ciudadanas de la patria, pues reniegan de las instituciones democráticas de la República pretendiendo subvertir así el Estado de Derecho y afectando nuestra economía nacional dada la matriz de opinión de inestabilidad política y pérdida de garantías para inversores en nuestro territorio.
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