Argentina ha tenido a lo largo de su historia una larga y penosa trayectoria de persecución política, ya sea en gobiernos democráticos o en los procesos de golpe de Estado. La Liga siempre entendió las distintas y cada día más sofisticadas herramientas que desarrolla el poder concentrado, trasnacional y de comportamiento genocida, y es por eso que hace años denuncia que en Argentina las garantías del debido proceso, los derechos constitucionales e incluso los procesos e instituciones encargados de investigar y actuar con justeza por el bien de todxs están viciados, coptados, comprados, trabajan con una imparcialidad asombrosa. Es esto lo que hemos evidenciado los últimos -por decir- 10 años en Brasil, Paraguay, Perú, Argentina y la lista sigue. Los años de cuidadoso estudio, de intercambio entre otras organizaciones civiles y de derechos humanos, partidos políticos, movimientos revolucionarios han florecido en la llamada doctrina del lawfare, que no es más que el mapa de relaciones e intereses que mantienen la democracia con características neo coloniales.

 

Cuando hablamos de lawfare estamos hablando de soberanía, de recursos, de futuro y de memoria. Es sabida la mano visible de las empresas operando detrás de los golpes de Estado, auspiciando la educación para tener profesionales al servicio de sus proyectos, y también otorgando impunidad a sus aliados, castigo por fuera de cualquier juicio justo a sus enemigos. La democracia de las corporaciones se debilita cada día más bajo el arbitrio de magistrados con identidad monárquica, aristócrata, de largos apellidos y muchos ceros en sus honorarios que, ya vemos, lavan las manchas de sangre de sus decrépitas sentencias.

​

Para quienes como la Liga Argentina por los Derechos Humanos defendemos presos políticos desde 1937, la etapa actual ha sido desafiante y exigente. Nos obligó a pensar la cuestión en el marco del siglo XXI, de los procesos de law fare y en las condiciones de una ofensiva  imperial antipopular que arrasó con casi todas las formalidades democráticas de la región.  Nosotros mismos, en 2019, junto a muchas y muchos otros, denunciamos ante las Naciones Unidas un plan sistemático de copamiento del poder judicial cuyo resultado más ostensible eran (y son) la existencia de presos políticos y la impunidad para los crímenes de Estado como el de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel. 

​

En  Noviembre de 2019, Diego García Sayan, relator de la ONU para la autonomía de magistrados y abogados, elevó al gobierno de entonces un requerimiento en tal sentido; en diciembre de 2019, en nota del secretario de derechos humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, el nuevo gobierno envió un mensaje al Relator que consideraba validas las consideraciones emitidas (y registradas en la web del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos).  Sin embargo ninguna acción se desplegó en dirección a lograr la libertad de las y los presas y presos políticos (o de los que el presidente consideró “detenciones arbitrarias”); tampoco por parte de la Corte Suprema y la única propuesta legislativa presentada por la senadora de San Luis, ni siquiera fue considerada.

En la actualidad, con el gobierno de Milei-Villarruel se impone una lógica extremadamente punitivista, protocolos anti protestas y se intenta barrer con la histórica organización sindical argentina, continuando y profundizando las intenciones de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri con aquella GESTAPO SINDICAL de la cual todavía quedan procesos pendientes de cierre.

​

Todo preso es un preso político cuando su condición de perseguido político origina o modifica el procedimiento judicial o la misma norma jurídica.

​​

​