Los organismos de derechos humanos expresamos nuestra profunda preocupación por la ya innegable parcialidad de la jueza María Eugenia Capuchetti y del fiscal Carlos Rivolo en investigar y juzgar tanto a los responsables inmediatos como mediatos del atentado a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
El descarte de prueba fundamental y la desaprensión en la protección y cuidado de las mismas, por parte de las autoridades judiciales, sumado a la negativa en profundizar el origen de los fondos que financiaron el intento de magnicidio, así como la falta de respuesta a las denuncias efectuadas por parte de la querella, referidas a los obstáculos y trabas que encuentra para obtener satisfacción a sus planteos de una investigación eficaz en procura de conocer a los instigadores, autores materiales y cómplices del intento de magnicidio, son una muestra acabada de la inacción judicial en un caso de enorme trascendencia institucional.
En estos días, asistimos atónitos al escándalo suscitado por las declaraciones de Ivana Bohdziewicz secretaria del diputado Gerardo Milman, una de las testigos de la causa, quien reveló que un experto en informática borró durante cuatro horas en las oficinas de la precandidata a la Presidencia de la Nación, Patricia Bullrich, los registros de su teléfono celular, así como el de otra asesora y el del propio diputado.
Esa declaración nos hace presumir cuanto menos, la existencia de una asociación ilícita dirigida, cuanto menos, a obstaculizar la investigación de tan grave hecho, en el que aparece involucrada una de las figuras prominentes del PRO, como lo es su presidenta. Por lo que, ante la gravedad de los dichos de la testigo señalada, reclamamos a los magistrados intervinientes que actúen con la prontitud y diligencia que el caso requiere, para despejar las dudas que hoy existen acerca de su labor jurisdiccional, y evitar de ese modo toda sospecha o reproche a esa tarea.
No podemos dejar de señalar, ante el deterioro creciente de la imagen del Poder Judicial, del que siempre requerimos independencia y probidad, valores escasos hoy en la magistratura, la enorme preocupación que nos despierta la decisión del Máximo Tribunal argentino, con la firma de los jueces Horacio ROSATTI Carlos ROSENKRANTZ y Juan C MAQUEDA, que en una muestra evidente de su compromiso con los grupos concentrados y los poderes fácticos, acaba de disponer grosera e ilegalmente, la suspensión de los comicios en dos provincias argentinas, San Juan y Tucumán, a cuatro días de su celebración. Por lo que los Organismos de Derechos Humanos, alertamos acerca de la necesidad de preservar los mecanismos democráticos existentes en la República, evitando violentar la autonomía de las provincias, el federalismo consagrado en la Constitución Nacional, y el respeto irrestricto a la voluntad popular.