Una vez más, la Policía de la Provincia de Buenos Aires ha demostrado su falta de respeto por la vida humana al matar a cuatro jóvenes (los adolescentes Danilo Saone, Gonzalo Domínguez y Camila López, junto a Aníbal Suárez) y herir a Rocío Guagliarello.
Según se va conociendo -muy a pesar de las maniobras de ocultamiento- los policías persiguieron a balazos el auto donde iban los cinco jóvenes, hasta que el vehículo chocó contra un camión, con resultado fatal.
Para actuar de esta manera, los policías se basaron en sus prácticas habituales y en los reiterados llamados a meter bala y disparar para detener a cualquier persona que consideren sospechosa, mensaje criminal que con leves variantes surge del Presidente, de la Vicepresidenta, de la Ministra teóricamente encargada de la seguridad y de tantos otros, quienes con el caso Chocobar demostraron que defienden por igual a fuerzas federales, provinciales y hasta locales frente a cualquier hecho.
Pero como todavía en nuestro país existen las formalidades del Estado de derecho, las propias leyes que rigen a la Policía bonaerense les prohíben actuar como lo hicieron, dado que el art. 13 de la Ley 13.482 expresamente obliga al "personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires", entre otros principios de actuación, a "Recurrir al uso de armas de fuego solamente en caso de legítima defensa propia o de terceros y/o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas, o para evitar la comisión de un delito que entrañe ese peligro, debiendo obrarse de modo de reducir al mínimo los daños a terceros ajenos a la situación. Cuando exista riesgo de afectar la vida humana o su integridad, el policía debe anteponer la preservación de ese bien jurídico al éxito de la actuación o la preservación del bien jurídico propiedad". En palabras llanas, no se puede disparar a un vehículo en movimiento, ni siquiera si se tratara de personas huyendo de un hecho delictivo, si eso pone en riesgo la vida humana o su integridad. Entonces,¿por qué dispararle a un vehículo donde viajaban cinco jóvenes que no habían cometido delito alguno? Porque, más allá de las normas escritas, la tradición represiva argentina (impulsada por los políticos de mano dura, sus medios de comunicación aliados y los policías con añoranzas de la dictadura) pone por encima de la vida a la propiedad privada. Aunque el riesgo para la propiedad sea meramente supuesto, como en este caso, y el riesgo para la vida espantosamente real. Y, para la misma tradición, los jóvenes son sospechosos y peligrosos. No es causalidad que los chicos sean víctimas de la mayor parte de los casos de gatillo fácil. Ni tampoco que se insista tanto en bajar su edad de imputabilidad.