Reflexiones en el 25 de mayo

ESTE 25 DE MAYO RATIFICAMOS NUESTRO COMPROMISO CON LA INDEPENDENCIA DE NUESTRO PAÍS DEL IMPERIALISMO, REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PLENA VIGENCIA DE LOS DD.HH.

Este 25 de mayo, en un nuevo aniversario de este gran paso dado por los patriotas de 1810 hacia nuestra independencia de España, la Argentina se encuentra nuevamente en una etapa de resistencia ante una embestida imperialista, expresamente impulsada por el actual presidente de la Nación y quienes lo sostienen económica y políticamente.

Esta etapa del imperialismo se caracteriza por el protagonismo del capital financiero y la ofensiva estadounidense para oponerse a la aparición de otros actores en el escenario mundial, que tiende a la multipolaridad. En este marco, el gobierno ha elegido la subordinación absoluta a las políticas de los grupos económicos transnacionales más poderosos, sustentados por los EE.UU. La política socio-económica de este gobierno no es una creación nacional, sino la aplicación directa de los intereses de EE.UU., Israel y varios megamillonarios.

Este gobierno ha continuado con políticas de extranjerización ya existentes (como la entrega de recursos minerales y energéticos, el ingreso de tropas estadounidenses para controlar nuestras principales vías fluviales o la entrega del control del agua a una empresa israelí) pero las ha reforzado con la aprobación del RIGI, la asignación de fuerzas de seguridad para defender a los grandes inversores extranjeros frente a cualquier protesta, el levantamiento de las prohibiciones para que los extranjeros adquieran tierras de frontera, la extranjerización del comercio de cabotaje (invocando como excusa la crisis de la flota mercante argentina), medidas destinadas a facilitar el ingreso de todo tipo de bienes en perjuicio de su fabricación nacional (que pueden terminar de destruir la industria textil, la naval, la automotriz y muchas más) y la sumisión general a todas las políticas de los EE.UU. e Israel, desde el apoyo al genocidio contra el pueblo palestino hasta el refuerzo del bloqueo contra Cuba y Venezuela, pasando por las recorridas realizadas por gran parte del país por la encargada de negocios estadounidense (que probablemente se dedicó a esta tarea más que quien posa de presidente) y las visitas desde el Comando Sur, que quiere instalar una base en Ushuaia para controlar el pasaje interoceánico.

El objetivo de destruir el Estado que este gobierno tantas veces pregona es sólo parcialmente verdadero: no quieren destruir todo el Estado, sino reducirlo a su función básica, ser la garantía de continuidad de los negocios de los más poderosos (vinculados con el capital extranjero o representantes directos de él), garantizándoles sus ganancias y minimizando el riesgo de que alguien los dañe o perjudique sus intereses.

Por eso, al mismo tiempo que se reducen en tamaño e inversión las áreas vinculadas con posibilidades de desarrollo autónomo nacional, con salud, educación (como la ofensiva contra las universidades públicas), cultura en general, vivienda y hasta infraestructura (porque la idea es que toda obra pública que no sea indispensable para los grandes grupos económicos es superflua, y si esos grupos la necesitan, habrá capitales dispuestos a realizarla).

La ideología de este gobierno ni siquiera se acerca a la de los capitalistas más avanzados, que al menos proclaman la necesidad de tratar de igualar las oportunidades de las personas. Para quienes hoy gobiernan, los culpables de la pobreza son los propios pobres, por no haber sabido hacerse ricos. En sus ataques de sinceridad, ¡afirman que los evasores de impuestos (en especial los grandes empresarios) son héroes y hasta dicen que los verdaderos explotadores son los trabajadores, que según ellos explotarían a los empresarios que les dan trabajo!

No es de extrañar entonces que detesten toda idea de solidaridad y actúen en consecuencia.

Pero, como señalamos previamente, es falso que este gobierno quiera destruir el Estado, ya que refuerza las áreas centrales para garantizar la reproducción ampliada del capital (al menos, de los sectores más poderosos). Y por eso refuerza las herramientas represivas y persecutorias del Estado, al mismo tiempo que dedican enormes sumas a construir una opinión pública favorable o, cuanto menos, un estado de ánimo desmovilizador, que impida la formación de una alternativa política a su cipayismo.

Como consecuencia lógica de la subordinación al imperialismo estadounidense, las fuerzas armadas están siendo gradualmente desviadas hacia funciones de ocupación interna, con nombres tan sugestivas como la “Operación Roca” (es coherente que este gobierno reivindique su acción genocida, dado que se esfuerza por privar a los pueblos originarios de sus tierras ancestrales). La cercanía entre los ministerios que controlan las fuerzas federales de seguridad interna y las fuerzas armadas fue evidente desde el primer momento, cuando para ambos el gobierno designó a una dupla presidencial perdedora. Y el avance (o, más bien, el fuerte retroceso) hacia las posiciones más tradicionales del imperialismo yankee es evidente cuando se observa que, inclusive, el “Ministerio de Seguridad” cambió su nombre este año por “Ministerio de Seguridad Nacional”. ¿Cómo olvidar que las dictaduras de toda América eran la aplicación práctica de la Doctrina de la Seguridad Nacional? ¿Y cómo olvidar una de sus múltiples caras, la Doctrina de las Fronteras Ideológicas, para la cual quienes no se subordinaran en acción y pensamiento a EE.UU. eran apátridas que debían ser exterminados?

La reivindicación tácita de la Doctrina de Seguridad Nacional coincide con las diversas jugadas para liberar a los genocidas y, mientras tanto, trasladarlos a cómodos alojamientos en Campo de Mayo (donde, por supuesto, frenaron la construcción del sitio de memoria del CCD “El Campito”). Y está en línea con la progresiva pero rápida destrucción de todas las áreas estatales vinculadas con la memoria, la verdad y la justicia: reducción de la Secretaría de DD.HH. a la categoría de Subsecretaría, reducción de categoría del Archivo de la Memoria y del Museo de la ESMA, etc.

Y, al mismo tiempo que desempolva viejas subordinaciones imperiales, el gobierno decidió en plena Semana de Mayo disolver cinco instituciones vinculadas con los estudios históricos: dos referidas a Juan Domingo Perón (a quien no cuestionan por sus defectos, sino por sus posiciones relativas a la justicia social, que consideran “socialistas”), otra al aviador Jorge Newbery, otra a nuestro prócer naval Guillermo Brown (un irlandés que fue más patriota que muchos criollos) y, por si fuera poco, el “Instituto Belgraniano”. Disolver un centro de estudios sobre Manuel Belgrano durante la Semana de Mayo, durante la cual él fue uno de los protagonistas principales, es una ofensa especialmente grave a nuestra cultura patria. Sin embargo, pocas voces se escucharon para criticar estas acciones. Nadie puede acusar a Belgrano de socialista, pero probablemente este gobierno lo desprecie por haber donado dinero para la construcción de escuelas públicas.

Cada vez más, las fuerzas policiales y de seguridad argentinas actúan como fuerzas de ocupación de nuestro territorio, dejando en claro que no protegen la seguridad de todas las personas, sino solamente la de los más poderosos y sus subordinados. No es una línea exclusiva del gobierno nacional. Hace alrededor de un año, los policías de la Ciudad de Buenos Aires que actúan en las villas porteñas dejaron de llamarse “Unidades de Prevención Barrial” o de “Protección Barrial” para ser rebautizadas “Unidades Tácticas de Pacificación”. El carácter militar del nombre salta a la vista. Y la paz buscada recuerda la de los cementerios.

Las nuevas normas represivas (reiterancia, la ley contra las organizaciones criminales, supuestamente “antimafias” –que, en realidad, es la carta abierta para privar de derechos a quien el Estado desee-, el banco de datos genéticos para las personas acusadas de cualquier delito, la modificación de la Ley de Seguridad Interior para que las fuerzas armadas actúen en funciones policiales, la realización de juicios en ausencia, la recreación de la SIDE, el protocolo “antipiquetes” –que parte de considerar las manifestaciones como acciones violatorias de derechos y no como el ejercicio del derecho a reclamar a las autoridades-, el protocolo contra bloqueos de empresa –que en realidad es mucho más amplio que eso-, los protocolos para uso de armas de fuego y de las armas menos letales –que llaman falsamente “no letales”-, el protocolo de ciberpatrullaje, la creación de Comandos Unificados –el último fue el de Seguridad Productiva-) demuestran que el objetivo es fortalecer la represión estatal contra los opositores (actuales o futuros), a la vez que se priva al Estado de las herramientas para influir en la actividad socio-económica y hasta se busca –de forma apenas disimulada- favorecer al narcotráfico y el lavado de dinero. Dentro del refuerzo de las acciones represivas, no podemos dejar de considerar los allanamientos a decenas de locales y merenderos de organizaciones populares, ni la decisión de retirar la condición de refugiados a quienes tuvieron públicas actuaciones contra el fascismo.

Pretenden bajar la edad de imputabilidad de los niños a los 14 años, argumentando que estarían cometiendo delitos gravísimos, pero al mismo tiempo anuncian con bombos y platillos que los homicidios siguen bajando y que la Argentina sería el país con menor tasa de homicidios de toda Sudamérica. Nuevamente, la contradicción en el discurso demuestra que el objetivo declamado y el verdadero (controlar violentamente a los jóvenes, si comenzaran a cuestionar al gobierno) están muy lejos.

Pero, como bien decía Rodolfo Walsh en su carta abierta a la dictadura militar, todos estos crímenes no son el elemento fundamental de esta etapa, que al igual que esa dictadura se caracteriza por su voluntad de arrasar de forma masiva y rápida con los derechos sociales, económicos y culturales, completando el legado de ese período.

Las violaciones más masivas de los DD.HH. en la Argentina actual se encuentran en la aplicación de la “miseria planificada”, que esgrime supuestos éxitos macroeconómicos como justificación para una violenta y enorme transferencia de ingresos de los más pobres (y de las capas medias) a los sectores más poderosos. No cabe ninguna duda de que quienes pierden derechos con esta nueva versión del neoliberalismo son los trabajadores en general, los jubilados, las mujeres (que ahora ven peligrar incluso el derecho al aborto legal), los jóvenes (tanto si pretenden estudiar, como si deben o eligen trabajar).

El DNU 70/2023 y, tiempo después, la llamada Ley Bases tienen muchos aspectos violatorios de los DD.HH., pero en gran medida podrían resumirse en la desregulación (el primero) y en las ventajas exclusivas para los más poderosos (la segunda). El DNU desplaza la noción de “normas de orden público” por una desregulación casi absoluta, en la cual supuestamente las partes podrán decidir todo de común acuerdo. Como todos sabemos (y el Gobierno también, aunque lo niegue), si el Estado no protege a la parte más débil, no habrá un acuerdo, sino una imposición del más poderoso al otro. Esto es lo que sucede hoy con los alquileres, al dejar sin protección a los inquilinos. En el caso del RIGI, el objetivo evidente es el ingreso de algo de dinero en el corto plazo (para poder darle a los ricos mayores rebajas tributarias). Y a cambio de ese objetivo, ofrecen a las empresas tantas ventajas que durante décadas el país no obtendrá ningún tipo de beneficio de esas explotaciones.

Desde el primer momento, uno de los puntos centrales de este gobierno fue la eliminación de los derechos de los trabajadores, a través de la llamada “reforma laboral”. Esta última semana, tras su magro triunfo electoral en las elecciones locales de C.A.B.A., el ejecutivo incluyó la restricción del derecho de huelga a través del decreto 340/2025 (el mismo en que pretende paliar la situación de emergencia de la flota mercante argentina).

No puede analizar la situación de los DD.HH. sin tener en cuenta que tanto a nivel federal como en las provincias y CABA, los poderes judiciales (al igual que las fuerzas policiales, de seguridad y militares) se encuentran fuertemente influenciados desde el exterior, a través de escuelas de formación, sistemas de becas de perfeccionamiento y otros mecanismos de captación. Por lo tanto, resulta necesario elaborar propuestas para sustituir gran parte de los actuales componentes de esos órganos por personas comprometidas con los DD.HH. o, al menos, que no estén al servicio de quienes los niegan. La falta de una reforma judicial fue uno de los factores que garantizaron la imposibilidad de avanzar en la reconfiguración de los medios de comunicación para democratizarlos. Aquí, como en Brasil y Ecuador, los poderes judiciales fueron el brazo ejecutor del Lawfare. Hoy en día, Petro también es jaqueado por un poder judicial que pretende imponerse a la voluntad popular. En Bolivia, las fuerzas policiales y militares mostraron su servilismo al imperio cuando derrocaron a Evo Morales.

La lucha por los DD.HH. hoy no puede concentrarse sólo en la lucha por la continuación de los juicios de lesa humanidad o para que no cierren los sitios de memoria. Ni exclusivamente en la brutal represión gubernamental (con el caso de Pablo Grillo como uno de sus ejemplos más graves) y sus mentiras, como el falso video en el que pretendían inculpar a los propios manifestantes por el ataque con gas pimienta a una niña y su madre.

Es indispensable señalar la forma indisoluble en que estos crímenes pasados y actuales se vinculan con la voluntad de los sectores en el poder de modificar la sociedad argentina para garantizar la explotación de los recursos nacionales por parte del imperialismo estadounidense y sus satélites, a través de mecanismos como la ya tradicional deuda externa y el resurgir de la entrega directa de los recursos a los grupos extranjeros por largo tiempo, como es el caso del RIGI.

Un elemento central de este gobierno es que, si bien podría ser calificado como un fascismo o neofascismo por muchas de sus prácticas, no es un fascismo con ambiciones de expansión nacional, ya que está totalmente subordinado a la política estadounidense de recolonización imperial de Nuestra América. Esto explica el profundo odio que tiene hacia todos aquellos que en nuestro continente se oponen a la voluntad del imperio. Y, al mismo tiempo, constituye una violación fundamental de los DD.HH., sobre la que debemos llamar especialmente la atención. Este gobierno viola de manera grosera el derecho de los pueblos (incluso el nuestro) a su autodeterminación, ya que busca transformarnos en una copia berreta de los EE.UU., a los que imita de manera servil. El antiimperialismo es, en consecuencia, un elemento indispensable en la lucha por los DDHH.

En este día, ratificamos nuestro compromiso con la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, en la que participan más de un centenar de organizaciones esencialmente heterogéneas, unidas por la necesidad de defender los DDHH y el propio sistema democrático. Este espacio incluye organizaciones sindicales (como la FJA, el SITRAJU y ATE nacional), integrantes de la Mesa de Organismos de DD.HH. (Liga Argentina por los Derechos Humanos, APDH) y del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, SERPAJ, CORREPI, CADeP, MST) y otras organizaciones sociales de orígenes, prácticas y objetivos diversos (Asociación Americana de Juristas, MOPASSOL, Justicia Legítima), que realiza fuertes esfuerzos para coordinar la resistencia y la lucha contra las políticas de hambre y entrega de este gobierno.

La insistencia en la represión contra nuestrxs jubiladxs y quienes se movilizan en solidaridad con ellxs no es casualidad, ya que muchos de los jubiladxs de hoy son militantes que desde hace décadas vienen luchando con la esperanza de construir un mundo nuevo, basado en la solidaridad y el respeto mutuo entre todas las personas, sin explotadores ni explotados. Y la represión y persecución contra periodistas o contra cualquiera que utilice una cámara está estrechamente vinculada con otro aspecto central de este gobierno, la necesidad de evitar que la realidad sea vista masivamente y enturbie sus construcciones mediáticas de fantasía.

En este nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos saludamos fraternalmente a todxs lxs luchadores que, con el

mismo coraje de nuestrxs próceres de ayer, luchan por la nueva y definitiva libertad e independencia, requisito indispensable para que podamos construir un país donde los derechos humanos sean una realidad y no simples palabras en el papel.