Buenos Aires, 4 de diciembre de 2022
A través de la nota “Cónclave político judicial secreto en Lago Escondido para garantizar la impunidad de Mauricio Macri”, firmada por los periodistas Raúl Kollmann e Irina Hauser y publicada en el diario “Página 12”, se hizo pública la presencia de un grupo de magistrados judiciales (Carlos Mahiques, Pablo Yadarola, Julián Ercolini y Pablo Gabriel Cayssials) y el Fiscal General de la CABA Juan Bautista Mahiques (anteriormente representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura durante la presidencia de Mauricio Macri), junto al Ministro de Seguridad y Justicia de la CABA (Marcelo D’Alessandro) y empresarios del Grupo Clarín, en la enorme estancia que el empresario Lewis posee en Lago Escondido.
Según dicha nota, para concurrir allí los magistrados y funcionarios fueron en un jet privado y, además, habrían sido alojados de manera gratuita por el empresario, lo cual constituye como mínimo una falta gravísima a sus deberes.
Ahora se han filtrado una serie de mensajes entre varios de los allí presentes, cuyo contenido demuestra no sólo la voluntad de producir pruebas falsas para encubrir sus acciones, sino además la estrecha vinculación con los medios de comunicación, el poder de esos magistrados y empresarios para presionar a dichos medios y la voluntad de castigar al funcionario nacional a quien consideran responsable por haber filtrado los detalles del viaje.
Por ejemplo, según esa información, el Juez de Casación Federal (indebidamente trasladado allí por Mauricio Macri) Carlos Mahiques habría planteado su voluntad de “… hacer la denuncia penal al puto de la PSA…” (por el Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski), con la posibilidad de realizar dicha denuncia a través de “… una ONG o un tercero…” (demostrando la práctica de recurrir a terceros supuestamente ajenos para realizar denuncias).
A su vez, el Ministro de Seguridad y Justicia de la CABA, D’Alessandro, habría dicho en alusión al mismo Glinski frases como “Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar” y “Tengo la mejor alcaidía para que le den una linda bienvenida”. Ambas frases demuestran la voluntad de seguir utilizando la PCBA como fuerza partidaria, para la realización de acciones criminales al servicio de Juntos por el Cambio (o al menos de uno de sus Ministros), tras la extensa participación de su personal en las investigaciones ilegales durante el gobierno anterior. Pero, además, D’Alessandro muestra su convicción de que podrá ordenar la detención inmotivada de una persona y reconoce la existencia de prácticas tan nefastas como habituales, como la golpiza a los detenidos cuando ingresan a un establecimiento policial, bajo el eufemismo de “… bienvenida”.
Si ya la visita en un jet privado a una estancia privada, para recibir allí una estadía gratuita, constituía una fuerte mancha para la imparcialidad necesaria en todo magistrado judicial o del Ministerio Público Fiscal (más allá de las posibles sospechas acerca de qué temas pudieron haberse tratado en ese lugar tan apartado y ajeno a todo control democrático), la confabulación para manipular medios de información, producir pruebas falsas y castigar a un funcionario público por la posible divulgación de acciones contrarias a derecho ratifican la existencia de una violación grave y directa a los deberes de esos magistrados. Al mismo tiempo, las afirmaciones atribuidas al Ministro de Justicia y Seguridad de CABA son incompatibles con el cargo que ostenta.
Estas conversaciones no hacen más que ratificar una vez más la existencia de una íntima conexión entre los agentes de los órganos de persecución (judicial, fiscal y policial) y el poder real, representado en este caso por los medios de comunicación. Y, por lo tanto, muestran la base de relaciones necesaria para la eficaz aplicación del Lawfare, que tantas veces hemos denunciado, con su carga inaceptable de perseguidos y presos políticos.
Por todo ello, desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos reclamamos la renuncia urgente por violación de sus deberes de los jueces Carlos Mahiques, Pablo Yadarola, Julián Ercolini y Pablo Gabriel Cayssials, del Fiscal General de CABA Juan Bautista Mahiques y del Ministro de Seguridad y Justicia de la CABA Marcelo D’Alessandro.
Para el caso de que alguno de ellos pretendiera continuar en su cargo, solicitamos que los órganos responsables de sus respectivas remociones tomen las medidas necesarias para hacerlas efectivas a la brevedad, suspendiéndolos entretanto en los casos en que las remociones no pueden ser inmediatas.
https://www.pagina12.com.ar/490241-retiro-espiritual-en-la-motana