Un grupo de asociaciones que reivindican el genocidio cometido contra nuestro pueblo pretende ahora conseguir la libertad de quienes son responsables de desapariciones, torturas, sustracción de niños, delitos sexuales y muchos otros delitos, además de la destrucción sistemática de los derechos de la clase trabajadora, en un proceso de recolonización imperial que tienen muchos puntos de contacto con el actual.
Para lograr su objetivo, pretenden utilizar una herramienta simbólica de la lucha contra las dictaduras y otros gobiernos reaccionarios, el procedimiento de HABEAS CORPUS.
Más allá de la presentación del habeas corpus ante un Juzgado que nada tiene que ver con el Fuero Federal que les corresponde, es indispensable señalar que los procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad gozan de condiciones de detención muchísimo más beneficiosas -en relación a su condición etaria y de salud- que el resto de las personas privadas de su libertad. Y un número cada vez mayor consiguen pasar a prisión domiciliaria, donde varios no tardaron en demostrar que se encuentran aptos para fiestas y otras actividades impropias de quienes aparentaban estar moribundos.
Y que, en consecuencia, si realmente se pretendiera defender los derechos de las personas privadas de su libertad, correspondería liberar de inmediato a los alrededor de 2.000 detenidos que se encuentran hacinados en comisarías vecinales o alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, ninguno de los cuales cometió delitos de gravedad que pueda acercarse siquiera a estos genocidas, que sus partidarios pretenden presentar como dulces ancianitos indefensos.
La realidad es que los desaparecedores siguen cometiendo sus crímenes, porque al seguir sujetos al pacto de impunidad omiten entregar la información que permitiría a los familiares conocer qué pasó con cada una de las personas desaparecidas y permitir que todas las infancias apropiadas en ese entonces recuperen sus identidades.
Este habeas corpus, entonces, no es más que una burla hacia la lucha de nuestro pueblo contra la impunidad. Y debe ser rechazado de forma definitiva, por ser público y notorio que las condiciones de detención de los genocidas son mucho más beneficiosas que las del resto de las personas privadas de su libertad, tanto en comisarías como en institutos penales.
IRIS PEREYRA DE AVELLANEDA
LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS HUMANOS
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