La guerra sucia contra los mapuche

La guerra sucia contra los mapuche

A cuatro años del asesinato de Rafael Nahuel y a cuatro días del asesinato de Elías Garay, un joven mapuche que luchaba por recuperar su tierra ancestral en Cuesta del Ternero, en la misma semana en la que se debe tratar la prórroga por la Ley de Relevamiento Territorial indígena que impide los desalojos en todo el país, es necesario preguntarnos por la sistematicidad de este proceso macabro de construcción del nuevo “enemigo interno” de la derecha argentina.

La Argentina es un estado colonial. Ejerce indudablemente un colonialismo interno ocupando territorios de pueblos precolombinos arrebatados por la fuerza de las armas. Desde la constitución de la Nación argentina y en paralelo como república, la unificación territorial y el genocidio de la mal llamada “campaña del desierto”, este proceso no ha cesado: solo se ha transformado. Por eso decimos que desde la génesis el país se enfrenta al problema por la tierra y dentro de ese problema, la construcción del enemigo interno, del indígena mapuche como un “peligro para la sociedad, para el Estado y para la Nación argentina”.

Desde la Independencia, de manera irregular, espasmódica y en forma progresiva, se fue afianzando en la clase política la necesidad del beneficio y la impunidad del exterminio de los llamados “salvajes”. A fines del siglo XIX la violencia estatal se volvió arrolladora. De nada sirvieron acuerdos, tratados, pactos preexistentes, bautismos, cartas ni amistades personales. A la expropiación territorial se sumaron las ejecuciones sumarias, la prisión masiva, las desapariciones, la esclavitud, la violencia sexual y el secuestro de sus niños. Algunos líderes originarios lograron, después de años de recorrer pasillos, la asignación de un lote para vivir con sus familias. En general, aquellos terrenos no servían para la agricultura: de allí que hoy muchas comunidades se asientan en zonas estratégicas para la explotación turística, minera o petrolera.

No es que los mapuche hoy quieran ocupar esos lotes, sino que son los únicos espacios donde los dejaron quedarse. Muchos no obtuvieron nada y permanecieron, gambeteando la pobreza, como peones de estancias o trabajadores informales. En el resto del país, esta situación se repite con pocas diferencias. Poco se sabe de las campañas militares de ocupación de la región chaqueña, que se extendieron hasta casi la mitad del siglo XX. Los últimos censos de población en nuestro país dan cuenta de la magnitud de la emigración a las ciudades de la población indígena. Lo mismo ocurre en Chile, y es fruto de la imposición de una forma de economía concentrada, monopolizada, extractivista, predadora que nada tiene que ver con las formas de comercio y explotación de recursos que se realizaba antes en aquellas zonas. Las transformaciones económicas evidentemente generan modificaciones demográficas, migración y en ese trayecto también transformación cultural. Es así que probablemente haya cientos, miles de familias ignorantes de sus raíces originarias o que poco a poco van redescubriendo su identidad, como fue el caso de Rafael Nahuel, como fue la historia de Elías Garay.

La Reforma Constitucional de 1994 reconoce los derechos de los pueblos originarios y declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originales del país. A su vez, Argentina debe garantizar los acuerdos internacionales de derechos humanos y específicamente en materia de niñez y pueblos originarios, que no sólo garantiza el derecho a la recuperación de los territorios ancestrales sino que también obliga al Estado administrador del territorio a respetar y hacer respetar sus tradiciones religiosas, pedagógicas, sociales, sus formas de asociación y propiedad, las prácticas económicas y culturales en su conjunto, así como sus derechos políticos y civiles. Pero la guerra de ocupación, como dijimos, no ha terminado. Solo cambia sus formas, adquiere modales, para continuar la masacre que necesariamente se tiene que dar para imponer la ley del soberano, en este caso el capital local y trasnacional.

Es sabido ya que dentro de las estrategias de las derechas latinoamericanas destaca como acción la construcción de un enemigo interno sobre quien caerá todo el peso de la demonización. Los objetivos son siempre los mismos. Es un modus operandi que requiere de una guerra cultural en la que los medios de comunicación hegemónicos tendrán un rol fundamental. Criminalizar al rival, demonizar al oponente, estigmatizar a un sector social, a un colectivo en particular o una facción determinada de la sociedad que democráticamente exige el cumplimiento de sus derechos. En estos tiempos de medios de comunicación masiva y falsa democratización de la palabra y la información, hay diversos agentes que se encargan de moldear una realidad en la que se ataquen intereses y valores “universales” (de los grupos detentadores de la hegemonía). Es así como empieza a consolidarse en el discurso la categoría de “terrorismo y subversión” aplicado a quienes manifiesten disconformidad ante cualquiera de los objetivos que se propongan los grandes grupos económicos. El ataque mediático a la comunidad indígena mapuche pretende desacreditar los justos reclamos territoriales que ese pueblo nación originario del sur argentino viene exigiendo desde hace 500 años. Para el Grupo Clarín la “amenaza” serán ellos y no el multimillonario británico Joe Lewis (amigo íntimo de Macri), propietario de 11 mil hectáreas en Lago Escondido que -según la Ley 15.385 conocida como “Zona de Seguridad de Fronteras”- solo pueden ser adquiridas por argentinos nativos.

Recordemos el antecedente más cercano de este proceso de demonización, en 2017 cuando Mauricio Macri y su Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, realizaron una vinculación de la ficticia RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) incriminándoles apoyo de la guerrilla kurda, del IRA irlandés y de la ya desmovilizada guerrilla de las FARC-EP. Estas declaraciones sin pruebas pero infinitamente replicadas, repetidas, estudiadas y analizadas por los voceros del poder en la tele y radio tuvieron repercusiones reales legitimantes cuando miembros de su ministerio promovieron operaciones armadas contra grupos mapuche movilizados. El más sonoro de ellos fue el operativo realizado en Chubut, en donde un nutrido grupo de gendarmes se ensañó con quienes protestaban por sus territorios a la vera de la ruta nacional 40. Fue la madrugada de la desaparición, posterior asesinato y hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado en manos de gendarmería nacional.

La agitación del fantasma del terrorismo causó el asesinato de Rafael Nahuel que formaba parte de un acampe en la ladera de una montaña contigua a la ruta. Este joven estaba con otras familias mapuche organizadas a la espera de una respuesta del gobierno. Y la respuesta de Macri llegó en forma de balas. Un grupo de élite disparó a quemarropa asesinando por la espalda a Rafael Nahuel, de 22 años. Los medios del poder económico sostuvieron que Nahuel estaba armado, una mentira que jamás pudo probarse. Las pantallas que mienten se sostienen con miedo, y no hace falta que sea más que verosímil y que haya alguien “merecedor de confianza” que le ponga cara y voz a esa mentira para que circule como una plaga, uniéndose a los hilos morales que conforman el “sentido común” para ya internalizarse en miles de cabezas. Y cuando algo es tomado como propio, se defiende: ahí, en este caso, triunfa la “nación” argentina contra el “enemigo” mapuche, nos unimos para combatirlo.

Hoy la historia vuelve a repetirse, Cuesta del Ternero es epicentro del conflicto. Allí, en el territorio de la Lof Quemquemtrew hay un peñi muerto “No pude pasar esto: que el Gobierno se niegue a dialogar, y nos sigan matando gente por las tierras”, reclaman.

“En estos territorios hay intereses económicos y forestales, y eso hace que las tierras adquieran otro valor, simbólico y material”. Para las pu lof, el conflicto no queda fuera del marco de la reglamentación de la Ley nacional 26.160 de 2006, y prorrogada desde entonces, dada la precariedad que ostenta –pese al intenso trabajo en varias provincias— la titularidad de los territorios comunitarios de pueblos originarios en el país. Se espera su tratamiento el martes 30 en la Cámara de Diputados.

¿Para qué instalar un estado de excepción en el sur del país? Con una Bullrich de ministra de seguridad se entienden los objetivos: sobra con sólo buscar su oligarca ascendencia para entender el sueño político de Patricia. Pero, ¿y ahora?