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Juez Biscayart niega a la Liga ser querellante en la causa por el golpe de Estado contra Evo Morales

Por comunicación electrónica, el Juez López Biscayart, rechazó la pretensión de nuestra organización de ser parte querellante en la causa judicial que recoge la denuncia del gobierno argentino por el envío de armas y municiones por parte de la anterior administración que fueron utilizadas en la represión al pueblo y el gobierno legítimo de Bolivia en ocasión del golpe de estado de noviembre de 2019.


En nuestra presentación dijimos “Sin perjuicio de la posible participación del Gobierno argentino en el propio golpe de Estado y de la probable participación necesaria en las masacres de Sacaba y Senkata, todos ellos graves crímenes contra los DD.HH., las conductas investigadas encuadrarían asimismo en contrabando agravado, falsedad ideológica de diversos documentos públicos y delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación, que encuadrarían en las previsiones de los arts. 219 y 220 del C.P.N. Debo destacar que, entre los hechos que se hicieron públicos se encuentra una decisión de modificar las normas aduaneras para permitir esta exportación temporaria, tomada días antes de que se produjera el golpe de Estado en Bolivia. Si efectivamente dicha decisión tuviera este objetivo, indicaría un compromiso del gobierno con los golpistas anterior a que éstos lograran derrocar al Presidente Evo Morales, con las consecuentes responsabilidades penales”


En su decisión el juez argumenta que la causa se inició SOLO para “ aclarar las incógnitas que plantea el caso con relación a las aparentes discrepancias en la registración documental del material exportado, así como también con relación al destino declarado y al materialmente otorgado a tales elementos” y por lo tanto no corresponde (dado que no habría derechos humanos en cuestión) la participación de la Liga.


Al anticipar nuestra apelación ante la Cámara Nacional en lo Penal y Económico, consideramos necesario destacar que hay muchas maneras de ocultar un crimen, hablar de meros problemas aduaneros y discrepancias registrales cuando se trata de la probable participación en un golpe de Estado es una de ellas.



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