Lxs compañerxs de la Liga que militan en Salta lanzaron una campaña solidaria con las comunidades norteñas en este contexto de emergencia climática, hídrica, alimentaria y de salud que estructuralmente padece la población pobre del norte. Tuvimos la oportunidad de hablar con la compañera Bertha Lozano sobre la situación en particular de las comunidades originarias, con el objetivo de conocer un poco más a fondo qué motivó el inicio de esta campaña. Te invitamos a leer esta nota y acercarte a nuestro trabajo militante, somos muchxs pero necesitamos ser más!!
En Tartagal viven comunidades de más de 12 pueblos: wichí, Guaraní, Toba, Chorote, Chulupí, Chané, Tapiete, Weenhayek, Lantawos, Vitiche, Tahuichi y Yofwis. Esos pueblos están viviendo una situación crítica de violación de los derechos humanos, que inicia con el desplazamiento de sus territorios ancestrales por parte de empresas vinculadas a los agronegocios, la deforestación y el extractivismo de recursos naturales de inmenso valor medioambiental. Esos cambios de hábitat y cultura de los pueblos -además del mencionado saqueo con la complicidad del Estado Nacional, provincial y municipal- resultan en la inaccesibilidad a sus territorios, a sus fuentes de alimentación, al desarrollo de sus credos y religiones que tienen una profunda vinculación con el terreno y la identidad de sus montes y ríos; los arrojan a vivir en condiciones precarias, incluso sufriendo las complejas enfermedades que son consecuencia de esta predación ambiental. Viviendas precarias sin agua potable, no hay suficientes médicos y especialistas en los pocos y desabastecidos hospitales, que se agrava con la mala atención a personas provenientes de pueblos indígenas (ausencia de interlocutores indígenas y falta de capacitación en enfoque intercultural). Estamos ante un Estado que se hace presente sólo para respaldar a los grandes propietarios que impulsan un genocidio que inició más de 500 años atrás.
La desidia tiene una expresión tajante, que es el hambre. Más de ocho niñxs murieron en los últimos meses y fue tapa de muchos diarios, pero la triste realidad que nos cuenta Bertha y lxs compañerxs es que esta cifra es cotidiana. La desnutrición, la anemia, las enfermedades relacionadas con una alimentación defectuosa o casi nula son las principales causas de muerte infantil y de nacimientos prematuros, madres adolescentes que no recibieron nutrientes durante su vida gestan niñxs que nacen con problemas ya irreversibles. La AUH y la tarjeta AlimentAR todavía no llegan: claro que no llegan, hay cientos de personas que nunca tuvieron un documento de identidad y son justamente los más desprotegidos de este sistema y de este Estado que, aunque lleve la bandera de la "inclusión", no soluciona problemas que tienen de fondo la estructura económica agraria de nuestra Patria.
En la teoría, a nivel provincial existe un Ministerio de Desarrollo Social y Comunitario, antes llamado “Ministerio de Asuntos Indígenas y de Desarrollo Comunitario” que apoya a estas comunidades y tiene como fin de atender a las necesidades y demandas de la población indígena. En la práctica, eso no se cumple porque lxs ministerxs y los técnicos territoriales no conocen la realidad del contexto mutlicultural y no provienen de ningún pueblo originario. Lo mismo ocurre con el Min. de Primera Infancia: no cubre la totalidad de la población indígena y muchas veces acude con prácticas punitivistas, viciadas de legalidad e institucionalidad y finalmente son un elemento más de discordia y problemas para las familias de estas comunidades. Entonces vemos cómo la "inclusión" choca contra la realidad multiétnica y multicultural. No se trata de diluir las identidades particulares de cada uno de estos pueblos sino de respetarles y darles todas las garantías para que puedan desarrollarse, vivir, criar sus familias, practicar sus lenguas y ser un pueblo digno como siempre ha sido hasta que irrumpimos en su milenaria existencia.
Con el Estado Nacional la vinculación es con el INAI, desde este espacio no se visibiliza un trabajo articulado que brinde participación de todos los pueblos mencionados, lxs técnicxs designadxs se desconoce cómo llegaron a ese cargo, si es por concurso o selección, pero de lo que hay certeza es de su poca experticie para tratar con comunidades que presuponen alguna dificultad por la cantidad de derechos vulnerados, empezando por obligarlos a vivir en un Estado-Nación que no los incluye soberanamente sino que los aglutina en el silencio de los invisibles.
Para que se respeten los Derechos Humanos de los pueblos indígenas, reconocidos en la CN. Art. 75 inciso 17 y el Convenio 169 de la OIT, es urgente que los organismos de DDHH acompañan en el proceso de reclamos de esos derechos. Además, es necesario acompañar a los referentes de las comunidades a planificar políticas públicas destinadas a pueblos indígenas que garanticen los derechos humanos en su integralidad.
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