En estas horas, en Madrid, se juzga a un grupo de políticos y ex gobernantes catalanes por el “delito” de haber promovido una consulta sobre el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán (para los que no lo sepan, los reyes de Castilla y Aragón sometieron a los reinos de Cataluña, País Vasco, Galicia y otros para formar la nunca real España que nos invadió y asesinó por millones en 1492). La mayoría de los imputados ha asumido el juicio como una cuestión de persecución política y plantea que el derecho a la autodeterminación de los pueblos es lo que se juzga.[1]
El aporte de Luis Alen, militante popular, abogado, y ex sub secretario de DDHH de la Nación en la gestión Duhalde y un interrogante de Eduardo Tavani, Compañero de la Apdh y abogado: es la hora de los juicios de ruptura? de denunciar al gobierno ante los organismos internacionales?
En Bogotá, Jesús Santrich, uno de los jefes insurgentes que presidió el proceso de negociaciones para la paz entre las Fuerzas Armadas de Colombia y el Estado Colombiano está encerrado desde hace meses (en condiciones humillantes dada su condición de no vidente), acusado de “narcotraficante” a lo que Santrich ha respondido que lo que se está destruyendo es el precario proceso de “fin del conflicto armado” y reivindica su condición de militante revolucionario.[2]
En Chile, hace apenas semanas que Facundo Jones Huala, nuestro compañero mapuche residente del lado argentino de la cordillera, fue condenado sin ninguna prueba en lo que Facundo consideró un indiscutible proceso de persecución política. Mientras tanto, la “justicia” archivó tanto la causa principal sobre la muerte de Santiago Maldonado como la que nunca abrió sobre el encubrimiento del gobierno de su desaparición forzada seguida de muerte. Recuerden que Santiago fue capturado por la Gendarmería Nacional en los marcos de una protesta por la detención de Facundo[3]
Al volver de Jujuy, donde estuvimos con Milagro y demás presos políticos un día después de emitida la sentencia por asociación ilícita y otros delitos contra los compañeros, el Dr. Eduardo Tavani escribió: “Me reencontré por estos días con un clásico de Jacques Vergès, para quienes abrazamos el Derecho como oficio: Estrategia judicial en los procesos políticos. Quería volver a hurgar en ese texto, tratar de desentrañar el dilema que desde un comienzo me asaltó en esta traumática experiencia, cuyas víctimas están sometidas a procesos que nada tienen que ver con la justicia. Entender justamente cuál debería ser la mejor estrategia para la defensa de inocentes, a los que reconocemos como presos políticos y contra quienes la hostilidad del poder, por ahora, no parece tener límites. No tengo ninguna certeza al respecto, sí y sólo sí que las defensas de estos compañeros y compañeras han hecho una tarea gigantesca a costa de arriesgarlo todo aún a sabiendas que el desenlace podría resultar fatal, y en eso vaya todo mi reconocimiento y admiración a sus empeños y labores. Nadie hubiese podido hacerlo mejor que ustedes. Tal vez, y me lo planteo como interrogante, haya llegado la hora de patear el tablero. “La ruptura”, dice Vergès, “trastorna toda la estructura. Los hechos pasan a segundo plano, como las circunstancias de la acción; en primer plano aparece bruscamente la impugnación total del orden público”. Imagino que la historia del Derecho, más temprano que tarde, dará cuenta de esta barbarie, resonará en el tiempo y seguirá conmoviendo. Vergès dice que ese “es el arte judicial”. La acción política, en tanto, seguirá siendo un imperativo para lograr nuestro objetivo: la libertad de todxs lxs compañerxs. [4]
Convencido que todas y todos estamos interpelados ante la realidad de un Poder Judicial más clasista, colonialista, discriminador, anticomunista, gorila, sexista y recontra corrupto solicité al compañero Luis Alen su opinión que comparto con la esperanza de impulsar un debate que nos permita superar la formalidad que solo conviene al gobierno y sus adláteres. Por ahora solo diría aquello de Einstein, repetir el mismo procedimiento y esperar otro resultado es por lo menos, poco inteligente.
Hola José. Paso a tratar de hacer algunos aportes. Desde el mismo inicio de su gestión, el macrismo ha desarrollado una intensa acción de “colonización” de los sectores del Poder Judicial que aparecían como verdaderamente comprometidos con la tarea de impartir justicia. Esa acción se hizo tanto a nivel nacional, cuanto en las provincias gobernadas por Cambiemos, siendo tal vez Jujuy el ejemplo más claro.
Como pasos en esa tarea de sometimiento del Poder Judicial, podemos apuntar la propuesta de designación por decreto y “en comisión” de Rosenkrantz y Rosatti como Jueces de la CSJN; no importa que luego, frente al rechazo mayoritario, se haya recurrido al procedimiento del acuerdo por el Senado: los designados fueron dos jueces que habían aceptado un procedimiento inconstitucional.
Luego se inició la campaña contra la Procuradora Alejandra Gils Carbó, hasta lograr su renuncia. Del mismo modo, y siempre precedidos por noticias aparecidas en los medios hegemónicos, se iniciaron campañas contra distintos jueces. Carlos Rozanski renunció; Eduardo Freiler y Luis Arias fueron destituidos en juicios políticos donde la decisión estaba tomada antes de iniciarse los procesos; Jorge Ballesteros se jubiló; Eduardo Farah fue trasladado a otro fuero, y las vacantes que estos dos dejaron en la Cámara Federal fueron cubiertas de modo irregular, trasladando a dos jueces del Tribunal Oral Federal 4 (Bruglia y Bertuzzi) que incluso luego de su traslado continuaron ejerciendo funciones en el mencionado Tribunal (Bertuzzi fue trasladado luego de haber dictado la condena de Amado Boudou).
Las ternas de candidatos propuestas por Cambiemos para las designaciones de jueces se armaron en formas totalmente arbitrarias (el último ejemplo fue la designación de Agustina Díaz Cordero, que subió del lugar 17 entre los postulantes a ser designada como jueza civil. Díaz Cordero es hija de la camarista Alonso de Díaz Cordero, que actúa en el fuero comercial en la causa del correo argentino, y es además presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial).
Como bien lo explicas en el texto sobre el “law fare”[5] los jueces federales son la avanzada en contra de los dirigentes opositores; primero en esa línea se ubica Claudio Bonadío (acompañado de fiscales como Stornelli o Marijuan). Con causas que carecen de fundamentación jurídica, se procesa a opositores y se los somete al régimen de prisión preventiva, usando la llamada “doctrina Irurzun” según la cual el hecho de haber sido funcionarios les otorga la posibilidad de entorpecer la acción judicial. Eso no se aplica a los actuales funcionarios, que cuando son denunciados se los exculpa prontamente. Se da el absurdo de que para esa doctrina el funcionario que ya no ocupa ningún cargo tendría más poder que el que actualmente está en funciones. Se reabren causas judiciales que ya estaban resueltas (como la del “memorandum” con Irán) y se las reasigna a jueces distintos (casi siempre a Bonadío). La prisión preventiva que tan generosamente se aplica a opositores, no corre en el caso de los criminales de lesa humanidad, respecto a los cuales incluso los condenados gozan de arresto domiciliario (el mismo que se le negó durante mucho tiempo a Milagro Sala y se le niega a tantos otros como Esteche, De Vido, Ferreyra, etc.). El presidente suele pronunciarse sobre resoluciones judiciales que no se ajustan a sus deseos, e inmediatamente los magistrados que las dictaron son removidos o trasladados y se dictan nuevos fallos conforme al parecer de Macri. Se dictan resoluciones ministeriales (como la del protocolo de uso de armas de fuego) que modifican normas de jerarquía superior (el Código Penal, la misma Constitución). Se consagró el premio judicial al delator, mediante la llamada “ley del arrepentido” que es utilizada perversamente: a quienes “se arrepienten” y señalan a dirigentes opositores (principalmente a Cristina Fernández de Kirchner) se los “premia” con la libertad, mientras los que no hacen uso de la delación continúan detenidos. Incluso los propios términos de esa ley no se cumplen, ya que las audiencias en las que los delatores “se arrepienten” no son grabadas como lo exige la norma, y por propias declaraciones de los involucrados se sabe que solo se asientan partes de sus declaraciones, quitando de las mismas todo lo que no favorece al objetivo de persecución política Cuando en alguna causa se acumulan pruebas en contra de dirigentes oficialistas o funcionarios del gobierno, se logra el cambio de fuero, gracias a los fallos de los camaristas que a tales fines designó Cambiemos (ejemplo más claro, el caso de los aportantes truchos). Crece el uso de la violencia represiva por parte de las fuerzas de seguridad, originando casos de gatillo fácil que llegan a un promedio cercano a un asesinato por día. En caso de asesinatos como los de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, los testigos que declararon contra las fuerzas de seguridad son procesados y perseguidos, mientras que respecto de los efectivos involucrados no se toma ninguna decisión.
Esas cuestiones (y muchas otras que exceden estas palabras) hacen que el Estado democrático de derecho no exista actualmente en la Argentina. No importa que las autoridades hayan sido electas legalmente: es su accionar el que configura el atropello contra el Estado democrático de derecho, en tanto en este son pilares fundamentales el derecho de acceso a la justicia y las garantías del debido proceso, ambos groseramente vulnerados en la actualidad. De esa manera, se configura una situación de excepción, que habilita a recurrir a los sistemas de protección de derechos humanos, tanto el regional (Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos) como al de las Naciones Unidas, denunciando al gobierno por su accionar violatorio de esos derechos fundamentales (a los que se podrían agregar muchos otros: el derecho a la comunicación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, el derecho a la protesta social, etc.)
Una acción en tal sentido debería ser asumida por los organismos de derechos humanos, con el apoyo de movimientos sociales, sindicatos, universidades, personalidades estacadas, etc