La Liga Argentina por los Derechos Humanos representada por José Schulman, su Secretario Nacional junto a Emanuel Desojo, presidente de Abogados por la Justicia Social de La Plata y Maximiliano Rusconi de la organización Iniciativa Justicia fueron recibidos en Lima, Perú en el día de ayer por Diego García Sayán Larrabure, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidad para la independencia de los magistrados y abogados.
El motivo de la visita al Relator por parte de la delegación argentina es la profunda preocupación por la existencia de presos y presas políticas en nuestro país a partir de la asunción del Presidente Mauricio Macri. En este sentido, se plantearon diversas denuncias sobre presiones indebidas al Poder Judicial, armado de causas fraudulentas, violaciones al debido proceso y al efectivo ejercicio del derecho de defensa en juicio, además de la persecución a jueces que llevan adelante investigaciones en las que podrían verse involucrados funcionarios del gobierno y/o sus aliados.
Nuestro Secretario Nacional, con el patrocinio letrado de Luz Palmás Zaldua -abogada integrante del Equipo Jurídico de la Liga- realizó una presentación formal ante el Relator (la misma puede leerse al final de este comunicado) renovando su compromiso indeclinable de reclamo de libertad de presas y presos políticos y denunciando la persecución que Macri implementó contra sus opositores en la disputa política a través del mecanismo conocido como Lawfare.
“Esta nueva táctica de guerra no convencional viene siendo aplicada por distintos gobiernos de la región. Me refiero a gobiernos de derecha, con proyectos antagónicos a gobiernos de corte nacional y popular que desarrollaron en la década pasada una multiplicidad de políticas ampliatorias de derechos, beneficiosas de las mayorías populares, de redistribución de la riqueza en forma más equitativa y, coordinadas en una integración regional que fortaleció la defensa de la soberanía de cada país frente a los intereses extranjeros que históricamente pretendieron ejercer su poder imperialista para someter a nuestros pueblos latinoamericanos. Valga aquí mencionar el emblemático ejemplo de Brasil cuya etapa luctuosa en el sentido mencionado se puede remontar a la ilegal e ilegítima destitución de la presidenta constitucional Dilma Rousseff y la persecución, proscripción y encarcelamiento ilegal del ex presidente Lula Da Silva.
El Lawfare utiliza indebidamente instrumentos jurídicos con fines de persecución política. Para desarrollar este propósito se requiere de un poder judicial cómplice que disponga de jueces que incumplan con su obligación de imparcialidad y fiscales que lejos están de presentar acusaciones fundadas en elementos de prueba. En este marco, las garantías constitucionales de debido proceso y un adecuado ejercicio del derecho de defensa son violentados por quienes deben garantizarlos. A ello, se suman los medios masivos de comunicación que imponen su hegemonía informativa y creadora de opinión pública al compartir el interés común de desprestigiar a gobiernos y/o dirigentes políticos populares. Claramente la maniobra se completa con la participación del poder político que promueve, con funcionarios y operadores de diverso rango y nivel, el ataque a las y los opositores. Como dato general pero no por eso menos impactante, son los grandes grupos económicos (alineados al capital financiero) y sus aliados políticos quienes encuentran enormes beneficios con este despreciable método.
En la Argentina, la ex Presidenta y actual candidata a Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex Vicepresidente Amado Boudou y el ex Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio de Vido son algunos de los funcionarios que se encuentran padeciendo esta persecución. En el caso de los dos últimos nombrados, al día de hoy se encuentran encarcelados y, lamentablemente, les sigue una larga lista. Pero no solo ex funcionarios de gobiernos populares han sido objeto de persecución y prisión. Dirigentes que han acompañado esos gobiernos, simpatizado o incluso no lo han hecho pero tienen una frondosa trayectoria de militancia, sobre todo en la década de los 90 enfrentando al neoliberalismo que empobreció a la mayoría del pueblo argentino, se encuentran cumpliendo hace largo tiempo condenas anticipadas, prisiones preventivas infundadas y por lo tanto arbitrarias o bien condenas no firmes y sustentadas en una pasmosa orfandad probatoria”.
En la presentación se solicitaron diversas medidas al Relator en el marco de sus competencias específicas, con el objeto de “garantizar la independencia de los magistrados de nuestro país y, en consecuencia, las garantías constitucionales del debido proceso y el ejercicio efectivo de defensa en juicio”.
El Relator recepcionó las denuncias presentadas por los representantes de las organizaciones que formaron parte de la comitiva y solicitó información complementaria que será puesta a su disposición.
Aprovechando el viaje y la coyuntura que atraviesa nuestro país y el continente latinoamericano en general, José fue a visitar a ex presos políticos y abogados y familiares de presos políticos del Perú de hoy. La solidaridad es nuestra mejor herramienta.
Con presos políticos no hay democracia en nuestra América
Ciudad de Lima, 27 de Junio de 2019
Al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados (ONU)
Dr Diego García-Sayán Larrabure
De nuestra mayor consideración:
José Schulman, Secretario Nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre con el patrocinio letrado de la Dra Luz Palmás Zaldua, abogada (CPACF To 68 Fo 334) y constituyendo domicilio electrónico en prensadelaligaporlosddhh@gmail.com, me dirijo a Usted con el objeto de poner en su conocimiento la grave situación que atraviesa nuestro país debido a la existencia de presas y presos políticos.
Como parte del movimiento de derechos humanos de la Argentina, la organización que represento se encuentra comprometida con la defensa de los derechos más elementales desde sus inicios hace ya más de ocho décadas. Esta extensa trayectoria de lucha ha tenido entre sus ejes vertebradores el reclamo indeclinable de libertad de presas y presos políticos en distintas etapas de nuestra historia.
Lamentablemente estamos transitando una etapa muy difícil a partir de la asunción del gobierno de Mauricio Macri el 10 de diciembre de 2015, que nos ha obligado, casi en forma inmediata, a denunciar la persecución que implementa contra sus opositores en la disputa política. El mecanismo utilizado para llevarla adelante es conocido como Lawfare.
Esta nueva táctica de guerra no convencional viene siendo aplicada por distintos gobiernos de la región. Me refiero a gobiernos de derecha, con proyectos antagónicos a gobiernos de corte nacional y popular que desarrollaron en la década pasada una multiplicidad de políticas ampliatorias de derechos, beneficiosas de las mayorías populares, de redistribución de la riqueza en forma más equitativa y, coordinadas en una integración regional que fortaleció la defensa de la soberanía de cada país frente a los intereses extranjeros que históricamente pretendieron ejercer su poder imperialista para someter a nuestros pueblos latinoamericanos. Valga aquí mencionar el emblemático ejemplo de Brasil cuya etapa luctuosa en el sentido mencionado se puede remontar a la ilegal e ilegítima destitución de la presidenta constitucional Dilma Rousseff y la persecución, proscripción y encarcelamiento ilegal del ex presidente Lula Da Silva.
El Lawfare utiliza indebidamente instrumentos jurídicos con fines de persecución política. Para desarrollar este propósito se requiere de un poder judicial cómplice que disponga de jueces que incumplan con su obligación de imparcialidad y fiscales que lejos están de presentar acusaciones fundadas en elementos de prueba. En este marco, las garantías constitucionales de debido proceso y un adecuado ejercicio del derecho de defensa son violentados por quienes deben garantizarlos. A ello, se suman los medios masivos de comunicación que imponen su hegemonía informativa y creadora de opinión pública al compartir el interés común de desprestigiar a gobiernos y/o dirigentes políticos populares. Claramente la maniobra se completa con la participación del poder político que promueve, con funcionarios y operadores de diverso rango y nivel, el ataque a las y los opositores. Como dato general pero no por eso menos impactante, son los grandes grupos económicos (alineados al capital financiero) y sus aliados políticos quienes encuentran enormes beneficios con este despreciable método.
En la Argentina, la ex Presidenta y actual candidata a Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex Vicepresidente Amado Boudou y el ex Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio de Vido son algunos de los funcionarios que se encuentran padeciendo esta persecución. En el caso de los dos últimos nombrados, al día de hoy se encuentran encarcelados y, lamentablemente, les sigue una larga lista. Pero no solo ex funcionarios de gobiernos populares han sido objeto de persecución y prisión. Dirigentes que han acompañado esos gobiernos, simpatizado o incluso no lo han hecho pero tienen una frondosa trayectoria de militancia, sobre todo en la década de los 90 enfrentando al neoliberalismo que empobreció a la mayoría del pueblo argentino, se encuentran cumpliendo hace largo tiempo condenas anticipadas, prisiones preventivas infundadas y por lo tanto arbitrarias o bien condenas no firmes y sustentadas en una pasmosa orfandad probatoria.
Un caso paradigmático es el de Fernando Esteche, detenido preventivamente en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz desde el 7 de diciembre de 2017, en el marco de la causa judicial públicamente conocida como “Memorándum de Entendimiento con Irán” (autos caratulados “TIMERMAN, Héctor y otros s/ Encubrimiento" del registro de la Secretaría Nº 21, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11).
Antes de introducirnos en un breve recorrido por quizá la causa judicial más insólita y que deja al desnudo el despliegue del Lawfare en nuestro país, desearía destinar unos párrafos a la semblanza del dirigente político y compañero Esteche, lo que también permite dar cuenta de las maniobras denunciadas.
Nacido en la Ciudad de la Plata el 17 de mayo de 1967, Fernando Esteche es padre de cuatro hijos: Juliana de 24 años, Rocío de 22 años, Ema de 14 años y Gaspar de 6 años.
Desde temprana edad se transformó en un militante político defensor de los sectores más postergados. Además es Doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), profesor universitario, periodista e investigador; autor de diversas publicaciones académicas, artículos periodísticos y notas de opinión.
A modo de síntesis podemos señalar que ha ocupado roles políticos destacados como Dirigente del Movimiento de Juventudes Políticas Argentinas (1986-1990), Miembro de la Mesa Directiva de la Federación Universitaria Argentina (1987), Secretario General de la Federación Universitaria de La Plata (1985-1988), Consejero Académico de la Facultad de Periodismo (UNLP) (1986), Miembro del Secretariado de la Juventud Intransigente (1986-1989), Observador destacado por la FUA en el Plebiscito de Chile (1982), Coordinador de la Brigada solidaria Gral. San Martín a La Paz, Bolivia (2007), Impulsor de convenios interuniversitarios entre Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Universidad Central de Teherán (Irán), la Universidad de Suhum (Abjasia), CEFOJOR (Angola), entre otros, Observador destacado por la Argentina en el referendum en Bolivia (2008), Observador internacional destacado por la Argentina en Venezuela (2008), Miembro de la Fundación de Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA), Fundador de la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos, Fundador del Encuentro del Cono Sur, Representante por la Argentina del Movimiento Nuestraamérica, Fundador y Secretario Político de la Dirección Nacional del Movimiento Patriótico Revolucionario QUEBRACHO, Fundador y Secretario de la Corriente Política Patria Para Todos.
En lo relativo a la política internacional fue uno de los principales impulsores de la visita a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) de los presidentes nuestroamericanos: Evo Morales, Hugo Chávez y Rafael Correa. También del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera.
La inaudita causa judicial que lo mantiene encarcelado en forma preventiva desde hace más de un año y medio y cuyos datos fueron mencionados más arriba se inició con la denuncia de Alberto Nisman (UFI-AMIA) el 14 de enero del 2015 en plena feria judicial. Los jueces federales María Servini de Cubría y Ariel Lijo se negaron a habilitar la feria por “falta de pruebas”, quedando finalmente radicada en el juzgado federal de Daniel Rafecas quien la rechazó con un fallo contundente. En este sentido vale recordar los ejes centrales de la resolución judicial que podrían sintetizarse del siguiente modo:
El Memorándum de Entendimiento con Irán (para avanzar en el curso de investigación del atentado a la AMIA perpetrado el 18 de julio de 1994 en la Ciudad de Buenos Aires) fue aprobado por las dos Cámaras del Congreso Nacional.
La acusación contra los funcionarios de gobierno que participaron de las diligencias diplomáticas, incluyendo la propia Presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, planteó que el instrumento de entendimiento favorecía a los sospechosos iraníes. Sin embargo Irán nunca aprobó el Memorandum.
Jamás entró en vigencia en ninguno de los países.
Se alegó que el pacto derivaría en el levantamiento de las alertas rojas (órdenes de captura internacional) de la Interpol que pesaban sobre los iraníes, circunstancia que fue desmentida por el propio Secretario General del organismo, Ronald Noble.
Se sostenía que el Memorándum abriría paso al intercambio de petróleo iraní por granos argentinos, algo que tampoco sucedió.
El fallo del juez Rafecas fue confirmado por la instancia superior revisora, la Cámara Federal de Apelaciones. Pero el 29 de diciembre de 2016, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se vuelva a investigar lo que ya había sido investigado y juzgado casi dos años antes. De este modo, los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa ordenaron reabrir la denuncia del fiscal Nisman.
El 31 de mayo de 2017 la Cámara Federal, presidida por Martín Irurzum, le otorgó la causa al juez federal Claudio Bonadio, quien unificó la causa del Memorándum con otra que planteaba con el mismo objeto procesal la acusación de “Traición a la Patria” (figura penal que posteriormente fue desestimada en instancia de Cámara). El 7 de diciembre el juez Bonadio procesó a una treintena de ex funcionarios, dirigentes políticos, sociales y religiosos, y pidió la detención de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman (ex canciller), Carlos Zannini (ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia), Luis D’Elía (dirigente social), Jorge Jalil (religioso) y Fernando Esteche (dirigente político).
Los únicos elementos de prueba que posibilitan esta singular causa son las incontables horas de escuchas telefónicas al teléfono de Jorge Jalil. El juez natural de la causa que investiga el atentado a la AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, le señaló oportunamente al fiscal Nisman que esas escuchas no habían sido autorizadas y que se había “excedido” en sus funciones.
Las querellas que impulsaron la acusación ante Bonadío son las direcciones de las entidades AMIA y la DAIA. Sin embargo, el 29 de enero de 2019 la AMIA, presidida por Agustín Zbar, pidió a la DAIA que renuncie a la querella.
Este dislate jurídico llevado adelante por un juez federal de instrucción que ha multiplicado causas contra funcionarios del anterior gobierno, alejado de cualquier posicionamiento de imparcialidad que debería garantizar, ya se encuentra elevado a la instancia de juicio oral.
Entre la treintena de procesados en la causa, Fernando Esteche es el único que permanece con prisión preventiva. Pese a la posición favorable del fiscal para su excarcelación, lleva 19 meses detenido sin juicio ni condena, so pretexto del riesgo de fuga y por una condena anterior ya cumplida (en relación a estos antecedentes, se trata de una condena política y el código penal es claro al respecto de que no hay reincidencia cuando las condenas son de carácter político -título VIII, art. 50, párrafo 3).
Por todo lo expuesto, respetuosamente vengo a solicitar que, a los fines de garantizar la independencia de los magistrados de nuestro país y, en consecuencia, las garantías constitucionales del debido proceso y el ejercicio efectivo de defensa en juicio de ciudadanas y ciudadanos que por haber sido parte de un gobierno antagónico a los intereses de que está en ejercicio o bien, sin serlo tienen una larga trayectoria en defensa de los intereses populares, como es el caso del militante Fernando Esteche, intervenga en su carácter de Relator Especial.
En este sentido, le vengo a solicitar
Investigue los hechos aquí denunciados y comunique sus conclusiones y recomendaciones al respecto;
Identifique y registre los atentados a la independencia de jueces y funcionarios judiciales, individualizando los responsables, las causas judiciales y las víctimas de estas maniobras
Determine las formas de saneamiento del sistema judicial realizando las recomendaciones pertinentes para evitar la proliferación del mecanismo denunciado
Formule recomendaciones en relación a las causas en trámite en las que se han visto afectadas las garantías constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas víctimas del Lawfare denunciado en miras a la restitución de derechos, fundamentalmente y en forma urgente, la libertad ambulatoria.
A tales fines, elabore las cartas de denuncia y llamamientos urgentes que sean necesarios, en tanto las personas que son perseguidas políticas y además se encuentran encarceladas atraviesan la afectación uno de los derechos humanos más elementales, representando un daño continuo de extrema gravedad.
f) En caso de ser necesario, realice una visita a nuestro país a los fines de evaluar las maniobras de Lawfare denunciadas, tomar vista de los expedientes judiciales y mantener contacto directo con las presas y presos políticos así como con sus familias y defensores y defensoras.
Sin otro particular, le agradecemos respetuosamente su atención y compromiso en la defensa de los derechos humanos. Y desde ya quedamos a disposición para cualquier consulta que requiera ampliar la información en que se funda esta denuncia y/o despejar cualquier duda.
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