Un nuevo episodio de difusión ilegal de escuchas a presxs políticxs. Esta vez, una conversación familiar con su hija de siete años. No naturalicemos la ilegalidad y perversidad de que las y los presos sean espiados sistemáticamente por una alianza que involucra desde la Corte Suprema hasta el Servicio Penitenciario Federal, pasando por las jueces responsables de las condiciones de encierro. En el programa ADN del día martes 30 de julio, del Canal C5N, difundieron una escucha ilegal entre Roberto Baratta y su hija de siete años en ocasión del día de Reyes del año 2019 so pretexto de visibilizar que “la cloaca” de los servicios sigue haciendo circular el producto de sus espionajes supervisada por algunos mal llamados jueces federales como Claudio Bonadío.
Lo primero que queremos decir es que no es legítimo ni ético violar las leyes para denunciar una violación más grande: no es legítimo ni ético difundir una conversación de una niña de siete años con su padre puesto que viola la ley de protección integral de niños niñes y adolescentes sancionada en 2006 y toda la doctrina fundacional de nuestro sistema jurídico normativo en cuanto a la privacidad de las conversaciones, la correspondencia, etc. etc. Los periodistas de ADN tienen mucho que aprender sobre los derechos de las niñas, niñes y los adolescentes, y muchas disculpas que dar a la familia. Lo segundo que queremos es reiterar nuestras denuncias sobre el uso casi descarado del espionaje a los presxs políticxs, la violación del secreto profesional en sus conversaciones con sus representantes legales, sus amigos, compañeros de lucha y familiares. A los cultores del orden liberal les decimos que eso es lisa y llanamente un gesto autoritario digno de regímenes no democráticos.
Nos vemos obligados a recordar que la privación de libertad preserva todos los otros derechos humanos y que ni siquiera este gobierno está autorizado para realizar tareas de espionaje en las cárceles y mucho menos a difundir provocadoramente sus “productos”. El escándalo Stornelli/D’Alessio que investiga el Juez Ramos Padilla revela sin lugar a dudas la trama de relaciones entre las agencias estatales de espionaje, el Poder Judicial, el Poder Mediático y el Gobierno; ahora se revela que el Servicio Penitenciario Federal es parte de esta red de instituciones estatales dedicadas a la estigmatización, persecución, judicialización y castigo de sus opositores políticos. Nos vemos obligados a recordar que por la legislación vigente, es la Corte Suprema de Justicia la responsable de las escuchas telefónicas y por lo tanto la directa responsable de estas acciones espurias y su utilización descarada que al revelar el secreto de las conversaciones de los presxs políticxs con sus abogados, vulnera el derecho a la defensa.
Como ocurrió desde el comienzo de estas causas judiciales. Por último, como organizadores de las visitas a los penales de Ezeiza (varones y mujeres) y Marcos Paz nos sentimos objeto de estas escuchas y reclamamos el respeto de nuestra lucha por la vigencia de las garantías constitucionales y el derecho de todas, todos y todes a luchar por los derechos populares del modo que estimen adecuado.
Liga Argentina por los Derechos Humanos Foro por la Democracia y la libertad de lxs presxs políticxs
31 de julio 2019.-
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